Another groundbreaking sexual violence case in Guatemala that had been due to enter evidentiary hearings on August 24 has been postponed to October for unclear reasons. The delay in this grave crimes case follows the recent decision to postpone the Dos Erres massacre case to 2021 after Guatemala’s Supreme Court failed to properly constitute the relevant trial court.

¿Quién podría explicar lo siguiente? La magnífica Ley de Aguas que nos rige, modificada sustancialmente en 1973 y 1996, publicada originalmente en la administración del Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, es una ley visionaria que determina, entre otros, que el agua es un BIEN DE DOMINIO PÚBLICO y, muy importante, un BIEN SOCIAL, que jamás ha obstaculizado el desarrollo de diversas áreas. 

Aunque diríamos que no es infrecuente, paradójicamente es poco conocido. Nos “lo encontramos” hace muchos años, mientras viajábamos hacia una actividad académica a realizarse en la sede de la Universidad Nacional en Nicoya. 

Cuando a propósito de la toma de posesión del Presidente Luis Guillermo Solís el 8 de mayo del 2014, el Presidente de la República de Ecuador mostró su satisfacción por representar a un país “vecino de Costa Rica”, no faltaron los que se burlaron de “ese ignorante que no sabe nada de geografía”. 

Al aprobarse hace una década, la Ley de Iniciativa Popular (Nº 8491) era para algunos diputados, una gran oportunidad para que se ampliara la democracia, para que el Soberano, el pueblo representado en al menos un 5% del padrón electoral, pudiera presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Antes de ello, no era posible que por esa vía, los señores diputados se vieran en la obligación de votar un proyecto de ley generado por ese mecanismo.

ES CIERTO (lo reconocen a cuenta gotas) que le mintieron a la Sala IV diciéndole que en la sesión Plenaria del 12 de junio del 2016 se había aprobado el dictamen de la Comisión de Constitucionalidades que, al evitar recomendar la aprobación del proyecto del NO MONEY NO WATER, propone enviarlo a la Comisión de Ambiente para que se vea la posibilidad de SUBSANAR las muchas deficiencias.

  Ante atenta solicitud de algunos amigos periodistas, compartimos con ustedes los documentos legales sobre el caso del Cementerio Calvo y el Alcalde Johnny Araya.

La sala constitucional, ante respuesta de una petitoria entregada un día antes por la ciudadana vilma sánchez, exige al alcalde johnny araya que en plazo de tres días, “aporte las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se le atribuyen”.

Pasaron a comisión la propuesta de johnny, pese a que pretendió sorprender a los nuevos regidores con algo que casi solo él maneja. Habla de la construcción de un supuesto "centro tecnológico". Otros hablan de una "terminal de buses".